sábado, 6 de julio de 2013

CONTROVERSIAS DE INTERESES ECONOMICOS Y AMBICIONES EXPANSIONISTAS EN PROPUESTAS DE DEMARCACION TERRITORIAL ENTRE LOS DISTRITOS DE ALLAUCA (YAUYOS) Y ZUÑIGA (CAÑETE).

Al respecto se hace de conocimiento que las autoridades ediles del Distrito de Zuñiga, en forma permanente están asumiendo una actitud provocadora, ya que pretenden anexarse las tierras de propiedad de la Comunidad Campesina de Picamarán que corresponde a la jurisdicción del Distrito de Allauca (Yauyos).

Tales acciones de conflicto esta creando malestar en la población de ambos distritos. Dichas autoridades de Zuñiga, sin fundamento alguno han creado controversias sobre el  límite territorial entre los Distritos de Allauca (Yauyos) y  Zuñiga (Cañete). Pese que las Leyes de Creación de ambos Distritos, establece en sus artículos que los  límites de su territorio están plenamente establecidos.

Lamentablemente las autoridades ediles del Distrito de Zuñiga, con evidente interés político y económico, crean una controversia de Demarcación Territorial inexistente, en base a dos objetivos, la primera sería la finalidad de obtener más beneficios económico con el Impuesto Predial que otorga todos los años la empresa Celepsa y además se relaciona con los 25 Denuncios Mineros, registrados en INGEMMET-Ministerio de Energía y Minas, los mismos que se encuentran en territorio de propiedad de la Comunidad Campesina de Picamarán, pero es el caso que la Municipalidad Distrital de Zuñiga, se le asigna el Pago por Derecho de Vigencia y Penalidad de Derechos Mineros.

La segunda sería la idea expansionista territorial, ya que dicha autoridades realizan gestiones para apropiarse las tierras de propiedad de la Comunidad Campesina de Picamarán y con fines políticos han creado anexos con asentamientos poblacionales como Buenos Aires, Machuranga y San Juanito, en zonas que pertenecen a Picamarán. Igualmente han registrado sitios arqueológicos (Apotara, Cruz Blanca, Pasurumi, Machuranga, Cascajal y San Juanito), ubicado en territorio de propiedad de la Comunidad Campesina de Picamarán.

Por tales hechos se desprende que están actuando arbitrariamente, sin fundamento legal, violando la Constitución y el Orden Jurídico Peruano. En respuesta el Pueblo de Picamarán les dice no al desconocimiento de la Ley, ya no estamos en época de la colonia ni la conquista donde se usurpaba territorios usando la fuerza y el poder económico, ahora existen leyes y normas que regulan los procedimientos a la propiedad y la convivencia pacifica, los cuales deben respetarse y cumplirse.

Por lo expuesto se le invoca a los Allauquinos no se dejen engañar lo que están ofreciendo y prometiendo es ilegal y falso, como la ejecución de diversos proyectos sociales, no tienen asidero legal. Es responsabilidad de las autoridades de Allauca en defender su patrimonio territorial, de conformidad al marco legal existente.












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